Política Climática Nacional

La política climática de un país es un conjunto de medidas, estrategias y regulaciones diseñadas para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático. De esta manera, señalaremos a continuación los principales hitos que construyen la Política Climática Argentina.

En primer lugar, si bien, para 1994, Argentina ya había comenzado a formar parte de los principales compromisos internacionales de protección de biodiversidad y capa de ozono, entre los que se pueden destacar la ratificación de la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, el principal hito ocurre en 1994 con la Reforma Constitucional y la inclusión del artículo 41 en la Constitución Nacional.

El artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un ambiente saludable y equilibrado, que promueva el bienestar actual sin perjudicar el de las generaciones futuras. El artículo impone al Estado y a la sociedad la responsabilidad de cuidar y proteger el ambiente, lo que implica la implementación de medidas concretas para evitar daños ambientales y preservar los recursos naturales.

Además, establece que corresponde a la Nación el dictado de leyes de presupuestos mínimos. La Resolución 92/04 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) “ (…) entiende por presupuesto mínimo al umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre”.

Hasta el momento, se han sancionado 12 leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental y son las siguientes:

  1. Ley 25612: Residuos Industriales y Actividades de Servicios
  2. Ley 25670: Gestión y Eliminación de PCB´s
  3. Ley 25675: Ley General del Ambiente
  4. Ley 25688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas
  5. Ley 25831: Régimen libre Acceso a la Información Pública Ambiental
  6. Ley 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios
  7. Ley 26.562: Control de Actividades de Quema
  8. Ley 26.331: Bosques Nativos
  9. Ley 26.639: Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglacial
  10. Ley 26.815: Manejo del Fuego
  11. Ley 27.279: Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios
  12. Ley 27.520: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global

A raíz de lo expuesto anteriormente, destacamos y detallaremos tres de ellas: Ley General de Ambiente, Ley Régimen Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

Por un lado, en 2002, se promulgó la Ley General del Ambiente, la cual establece lineamientos básicos de la política ambiental y climática, mediante el establecimiento de objetivos como la preservación de los recursos naturales, la participación ciudadana en materia ambiental, etc. La ley menciona la importancia de la educación ambiental como instrumento básico para el desarrollo de los valores de los ciudadanos para con la naturaleza y el ambiente. Por último, y no menos importante, los artículos 16, 17 y 18 sostienen que la información ambiental debe ser pública, excepto aquella que se la considera legalmente reservada.

Por otro lado, en 2004, se promulgó la Ley 25.831 Régimen Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, en la cual se define a la información ambiental como toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. También implica la inclusión de informes del estado del ambiente y de las políticas, planes y obras que se vinculen al mismo. El acceso a la información será libre y gratuito y las autoridades de organismos públicos y empresas estarán obligadas a proporcionar la información requerida según lo dicta la ley.

A su vez, en 2019, se sancionó la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global, la cual tiene como objetivo garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. A su vez, mediante la misma se establece la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático y el Consejo Asesor, cuyo principal objetivo será el de articular distintas áreas de la administración pública, la creación e implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) y de todas aquellas políticas públicas relacionadas.

También es posible identificar la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a través de la Ley 25.295 en 1994. La ratificación de la CMNUCC ha impulsado la adopción de medidas concretas en Argentina para abordar el cambio climático, lo que ha incluido el establecimiento de metas de reducción de emisiones, la presentación de informes periódicos, la participación activa en negociaciones internacionales y el acceso a recursos financieros y tecnológicos para respaldar las acciones climáticas a nivel nacional.

A su vez, en 2001, mediante la Ley 25.438, Argentina ratificó el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC, cuyo objetivo se resume en que los países tomen compromisos para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que no están comprendidos en el Protocolo de Montreal. También establece mecanismos de flexibilización para ayudar a los países a cumplir con los objetivos propuestos mediante el comercio de emisiones, la implementación conjunta y los mecanismos de desarrollo limpio.

Finalmente, en 2016, se ratificó mediante la Ley 27.270 el Acuerdo de París. Este último representa un hito a nivel nacional en cuanto al compromiso con la lucha contra el cambio climático y, a nivel internacional, porque representa uno de los mayores avances en materia de ambición climática. A través del mismo, los países que lo ratifican se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para mantener la temperatura global 1,5° C en relación a los niveles preindustriales. Los países firmantes deben presentar lo que se conoce como Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC por sus siglas en inglés), en donde especifican sus esfuerzos a nivel nacional para lograr esta meta. De igual manera, es importante tener en cuenta que estos esfuerzos van a presentar diferencias debido al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades de cada país.

En 2020, mediante la Ley 27.566 se ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como “Acuerdo de Escazú”. Este acuerdo también representa un hito debido a que es el primer acuerdo a nivel regional que firman los países de América Latina y el Caribe vinculado a cuestiones ambientales. Este mismo se estructura en base a cuatro ejes principales: el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores y defensoras ambientales. Es importante mencionar que el Plan de Implementación es desarrollado por las autoridades de cada país, ya que se debe adaptar a la normativa ambiental de cada uno.

En el mismo año, se aprobó la Ley Yolanda, la cual establece el desarrollo de una formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. La formación deberá contemplar como mínimo los siguientes temas: cambio climático, protección de la biodiversidad y ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables, entre otros. A su vez, se debe garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales de la formación.

En 2021, se presentó la Segunda Contribución Nacional Determinada de la República Argentina, también conocida como NDC, por sus siglas en inglés. Como se mencionó anteriormente, las NDC son parte de los compromisos asumidos por los países a la hora de ratificar el Acuerdo de París. La primera NDC se entregó en 2016 y en 2021, la segunda, con varias actualizaciones y reforzando el enfoque entre las componentes de mitigación, adaptación y medios de implementación, estableciendo sinergias entre los mismos,

En 2022, en concordancia con lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global, se publica el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (PNAyMCC), el cual realiza un diagnóstico de adaptación y mitigación y la metas propuestas para el 2030.

Finalmente, en 2023, se publicó la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050 (ELP) y el Plan Nacional de Transición Energética 2030. Ambos hacen referencia a la continuidad de los esfuerzos establecidos en la NDC y al PNAyMCC. La Estrategia está motivada por objetivos como alcanzar la carbono neutralidad para 2050 y disminución de las vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático. La ELP está compuesta por cinco líneas instrumentales, seis líneas estratégicas y cuatro enfoques transversales. El Plan Nacional de Transición Energética 2030 establece metas específicas que se espera que Argentina logre para lograr la transición en materia energética para el año 2030 y las áreas de acción para el cumplimiento de las mismas

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